Análisis de Coyuntura n° 2

Como dijimos en la primera edición, debido a la cantidad de información y la intensidad con que ésta se renueva, como así también a la confusión que muchas veces intentan instalar los medios de comunicación en general, que en ningún caso ya sean oficialistas u opositores reflejan lo que expresamos, hemos decidido realizar un Análisis de Coyuntura para esclarecer nuestra posición sobre cada uno de los grandes temas nacionales y darla a conocer.

Esta es una herramienta de militancia para la reflexión y el debate, donde a partir de la información objetiva interpretamos la realidad desde nuestra mirada para de esta forma contribuir en la formación de cada uno de los compañeros. ¡Difundilo!

En esta oportunidad los temas que elegimos tratar para profundizar el debate son los siguientes:

- La nacionalización de YPF

- La interna CGT: profundización del proyecto o retorno a los ’90

2° Análisis de Coyuntura

1° de mayo de 2012

YPF: Soberanía y Justicia Social

Finalmente y luego de una lucha de largos años, se nacionalizó YPF. Los argentinos recuperamos un símbolo de nuestra soberanía política e instrumento central de la construcción de la independencia económica. Sin ello es imposible la justicia social.

El ejemplo de YPF lo demuestra. Alrededor de la petrolera del Estado no sólo se logró el autoabastecimiento y la soberanía-seguridad energética, sino que también se levantaron pueblos enteros, se propagó trabajo digno, se edificaron clubes de barrio, se construyeron escuelas y viviendas y se proyectó una política energética latinoamericana.

Esta medida se inscribe en la profunda tradición nacional, popular y latinoamericana, presente en todos los movimientos nacionales del siglo XX y que tuvo como exponentes a Yrigoyen, Mosconi y Perón, quienes supieron observar e inculcar mediante su acción la estrecha relación entre la cuestión petrolera-energética y la liberación nacional. Por ello, a pesar de la guerra cultural llevada adelante para desterrar estas ideas en nuestro pueblo, el sentir popular y la llamada “opinión pública” se vuelca mayoritariamente a favor de la nacionalización.

La nacionalización

Como afirmábamos en el Análisis de Coyuntura anterior, el proyecto de desarrollo de la industria nacional encontraba un límite: la cuestión energética. YPF, en mano de los capitales financieros, se apropió de ganancias extraordinarias con el mínimo de inversiones, lo cual llevó a que la producción decaiga y por lo tanto hubo que utilizar las reservas exploradas por el Estado. Como consecuencia de la baja en la producción y del crecimiento industrial sostenido desde el 2003, el año pasado se tuvo que importar combustible por 9000 millones de dólares y la escasez igual se sentía.

De hecho, el Gobierno se encontraba ante una situación límite: de seguir permitiendo la política de vaciamiento y rapiña a la principal empresa energética del país, no le quedaba otro camino que ajustar y endeudarse más para sostener la importación de combustible, con un enfriamiento económico obligado.

Luego de la expropiación, la nueva composición accionaria de la compañía queda establecida del siguiente modo: 51% del Estado Nacional y Provincias petroleras, 25,46% del Grupo Petersen (los Eskenazi), 6,43% para Repsol y 17,09% en la bolsa. Del 51% estatal, el Estado nacional tendrá el 26,01% del total y las provincias productoras, el 24,99%.

El primer artículo de la ley enviada al Congreso declara de interés público no sólo el autoabastecimiento de hidrocarburos sino también su explotación, industrialización, transporte y comercialización. Esto significa que se crea un instrumento legal para poder accionar en pos de dicho objetivo estratégico, lo cual implica un cambio estructural en la política energética nacional. Tardío pero igualmente fundamental.

Por otro lado, el Grupo Petersen (Eskenazi), que ingresó en YPF en 2008 a través de la mediación del Gobierno nacional, no pierde sus acciones en la compañía, manteniendo el 25% de participación, aunque si fueron desplazados de la gestión. Asumieron como interventores Julio De Vido (ministro de Planificación) y Axel Kicillof (viceministro de Economía). En este sentido, se continua la línea de un modelo empresario mixto en áreas estratégicas junto a los grupos económicos locales (como sucede en numerosas empresas energéticas) con el objetivo de fortalecer al empresariado local en vinculación directa con lo público-estatal. Este paso ahora dado por el Gobierno en YPF es también consecuencia del fracaso de esa especie de “argentinización” a la que se apostó haciendo ingresar a la familia Eskenazi en la compañía, lo cual demuestra que los grupos económicos locales no poseen ninguna capacidad para desarrollar las fuerzas productivas en un proyecto de soberanía con justicia social.

Los descubrimientos de gas y petróleo no convencional que potencialmente pueden convertir a la Argentina en la tercera reserva de gas de este tipo a nivel mundial, es otra cuestión de importancia central. Repsol hacía de la explotación de dichos yacimientos un tremendo negocio privado con escasas implicancias para el país en términos de desarrollo y bienestar.

Cuando YPF era estatal realizaba 86 pozos por año en busca de reservas, en la década del ’90 descendió a 48 pozos y en la actualidad se llegó a un piso de 12. Es decir, depredaron las reservas conquistadas por el Estado argentino con recursos de los argentinos. La nacionalización implica nuevamente poner en marcha un costoso proceso de inversión que va a salir fundamentalmente de los bolsillos de los trabajadores argentinos. Por lo tanto, los trabajadores deben ser parte central de la empresa para controlar qué se hace con nuestros recursos y nuestro dinero, y para decidir sobre los destinos de la compañía. Más si consideramos el profundo conocimiento de la compañía y la cuestión petrolera que los trabajadores petroleros han adquirido durante tantos años.

El precio y el financiamiento

Según el presidente de Repsol, Antonio Brufau, YPF vale 18.000 millones de dólares. Con este número total, la participación de Repsol del 57,4% en YPF tendría un valor de u$s 10.500 millones y el 51% representaría u$s 9.180 millones. Sin embargo, esto es parte de la pelea, en la que del otro lado se parte de una cifra un poco superior a los 2000 millones de dólares.

Las posibles fuentes de financiamiento para comprar la parte accionaria aún no están definidas. La ANSES no podría ya que el estatuto del Fondo de Garantía y Sustentabilidad no permite adquirir valores sin cotización pública, como lo son las acciones a comprar mediante la expropiación. La fuente posible son las reservas del Banco Central, ya que con el cambio de la Carta Orgánica se cuenta con cerca de unos 7.000 millones de dólares de libre disponibilidad. Como el Banco Central no puede comprar acciones, podría comprarle un bono al Tesoro (le presta la plata) y financiar por este medio la expropiación, sin necesidad de endeudarse en el exterior.

En los últimos 5 años YPF tuvo utilidades por casi 5000 millones de dólares, lo cual demuestra que no sería un problema para el Estado ese desembolso, sino una inversión muy rentable y por sobre todas las cosas una medida que reafirmaría nuestra soberanía política como en su momento lo hizo la decisión política del ex presidente Néstor Kirchner de pagarle al FMI. Justamente por eso el desafío mayor pasa por las inversiones necesarias para recuperar las reservas y la producción y poner esto en función de una política económica que sea garantía de una mayor justicia social.

Amplio consenso

El apoyo a la medida fue contundente. Comparable quizás a lo que generó la reestatización del Sistema Previsional, en donde hasta a los propios empresarios de las entidades financieras les costó articular un discurso en defensa de las AFJP con las que se robaban la plata de los trabajadores argentinos. Ninguno de los grandes empresarios, (ni siquiera los grupos económicos locales que apoyan el “modelo”), se pronunciaron definidamente. Se posicionaron a favor de la medida ADIMRA (cámara de medianos metalúrgicos presidida por Lascurain, ex titular de la Unión Industrial Argentina), CAME (pequeños y medianos empresarios, de visión desarrollista, presidida por Osvaldo Cornide) y otras cámaras de pequeños y medianos empresarios.

Por otro lado, desde el Movimiento Obrero Organizado, la CGT conducida por Hugo Moyano realizó un fuerte apoyo a la medida, afirmando a través de un comunicado que “los trabajadores hacemos nuestra la decisión” y señalando la pelea contra la ola privatizadora que dio esa fracción de la CGT nucleada en los ’90 en el MTA, a diferencia de otras expresiones obreras ahora oficialistas fuertemente alineadas con las medidas neoliberales. Con esos antecedentes es que también el comunicado advirtió la necesidad de estar atento a la administración de una empresa que estará indisociablemente unida al bienestar de nuestro pueblo. En la misma sintonía desde la Juventud Sindical nos pronunciamos asegurando que “acompañamos esta iniciativa y expresamos con humildad el anhelo de protagonismo de los trabajadores en la futura gestión de la compañía estatal”. También otras organizaciones populares se pronunciaron fuertemente a favor de la medida largamente reclamada y se la consideró como un paso central. Incluso la mayoría de los políticos opositores al Gobierno se mostraron de acuerdo con la decisión de la Presidenta, obteniendo un contundente apoyo en el Senado de la Nación.

Por ello mismo, la mirada y el control público sobre la petrolera resultan inevitables. Además de reclamar porque se escuche la voz de los trabajadores en la compañía, es necesario que se avance concretamente en cuestiones claves: el aumento de la producción de gas y petróleo (que en estos años se redujo en un 40% y 35% respectivamente), el aumento de las reservas que hoy son de sólo seis años y una administración con visión estratégica que no despilfarre los recursos de la principal empresa del país.

Asimismo, siempre estarán los agoreros que todo lo ven mal y no tienen la capacidad de comprender más allá de sus mezquinos intereses lo que esta decisión soberana significa para el conjunto del pueblo y el desarrollo sustentable con justicia social. Para ellos la mejor respuesta es que justamente la intervención estatal se hizo necesaria a partir de la desidia y el descuido con el que los empresarios administraron YPF.

La Patria Grande Energética

Con la nacionalización se recupera un eslabón central para el fortalecimiento de las empresas energéticas estatales de los países hermanos de la Patria Grande, que fortalece el bloque de poder regional junto con otros elementos centrales como la constitución del Banco del Sur, la constitución de un mercado interno de 350 millones de habitantes, el establecimiento de un Consejo de Defensa del Sur, etc. Los acuerdos de inversión de la nueva YPF estatal dan cuenta del marco de alianzas que se fortalece como esquema de poder: PETROBRAS (Brasil), PDVSA (Venezuela), BRIDAS (grupo económico local de los hermanos Bulgueroni asociado con la petrolera China CNOOC), TOTAL (empresa francesa, que no quiere ver afectados sus importantes negocios locales en gas).

CGT

Profundización del proyecto o Retorno a los ’90

Paritarias, aumento de precios y distribución de la riqueza

El año pasado el aumento del costo de vida según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de siete provincias que elaboraba el CENDA (del actual viceministro de Economía, Axel Kicillof), fue de 22,7%. Por otra parte, resulta necesario destacar que el 30% de los hogares argentinos percibe ingresos por menos de $3000 mensuales, el 34% de los trabajadores está en negro, la brecha de desigualdad sigue elevada (aunque disminuyó con respecto a la situación de 2001-2002) y la no actualización del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias y los topes a las asignaciones familiares golpean cada vez más fuerte el bolsillo de los trabajadores. Esto, junto a los aumentos de precios y un sistema impositivo regresivo e injusto (salvo las retenciones a las exportaciones, el impuesto a los bienes personales, la 1° y 2° categoría del impuesto a la renta, entre otros), está produciendo un ajuste de hecho de la capacidad adquisitiva de los laburantes. Obviamente no podemos olvidar y se debe destacar el aumento de los niveles de empleo y recomposición salarial a partir del 2003, luego del pozo de desempleo, pobreza, exclusión y desigualdad de 2001-2002.

Cuadro: Hogares según escala de ingreso total familiar (INDEC)

Total aglomerados urbanos
Tercer trimestre de 2011
Grupo decílico	Mínimo	Máximo	Hogares en miles	% de hogares	Ingresos en miles de pesos	% de la suma de ingresos	Media
1	25	1.500	783	10	794.422	1,8	1014
2	1.500	2.200	783	10	1.463.653	3,2	1870
3	2.200	2.996	783	10	2.005.269	4,4	2560
4	3.000	3.680	784	10	2.566.733	5,7	3276
5	3.680	4.500	782	10	3.200.491	7,1	4091
6	4.500	5.500	785	10	3.899.462	8,6	4970
7	5.500	6.700	782	10	4.747.712	10,5	6073
8	6.700	8.400	783	10	5.871.177	13,0	7495
9	8.400	11.580	783	10	7.643.979	16,9	9763
10	11.580	89.000	783	10	13.070.253	28,9	16689
Hogares con ingresos	25	89.000	7.831	99	45.263.149	100,0	5780
Hogares sin ingresos			57	1
Total			7.888	100

En este contexto, el Gobierno nacional decidió crear un comité para hacer un seguimiento de las paritarias teniendo en cuenta la productividad y no la rentabilidad presidido por el Jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, e integrado por el Ministerio de Trabajo, el de Economía, el de Industria y el de Planificación. Esto sumado a la ausencia de un diálogo social entre el capital y el trabajo que tenga como objetivo el control de los precios y que el Ejecutivo nacional resolvió por decreto la Paritaria Nacional Docente, son síntomas que demuestran el intento de ponerle tope a la discusión salarial. Asimismo hay factores subjetivos, como la deslegitimación discursiva de la lucha gremial como en el caso de los docentes o los camioneros, que fueron señalados como vagos y como extorsionadores, respectivamente, que evidencian un condicionamiento de parte del Gobierno en las Paritarias 2012. No podemos olvidar que es en torno a la negociación salarial donde se va a dar la batalla por la distribución de la riqueza, porque es el indicador en donde mejor se traduce el avance de los sectores populares en la participación del PBI. Recordemos que en relación a éstas también gira el número en que se acuerda no sólo el Salario Mínimo, Vital y Móvil en el Consejo del Salario, sino también los sueldos del 34% de trabajadores que se encuentran en negro. Y aquí vale hacer una salvedad: la pauta salarial no debe contemplar sólo la inflación, sino también el crecimiento de nuestro país, si es que pretendemos que la renta que se produce se distribuya en forma equitativa. Y esto no significa una mayor distribución, sino solamente evitar una mayor acumulación del capital y era en el fondo el espíritu del Proyecto de Ley de Participación en las Ganancias que presentó la CGT. Porque también los trabajadores deben ser participes del crecimiento económico. Hugo Moyano explica esto de manera sencilla: si después de un crecimiento récord de nuestra economía esto no se traduce en un acceso masivo a la vivienda de los asalariados, entonces estaríamos condenando a éstos a no poder satisfacer las necesidades básicas a las que nos obliga nuestra Carta Magna.

Un breve repaso de las principales paritarias del país

En enero, el primer acuerdo del año lo alcanzó la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso que firmaron un 20%, a lo que se agrega una suma fija no remunerativa de 200 pesos mensuales, que representa una mejora adicional de 4 por ciento, lo que llevó el sueldo mínimo del sector de $5.000 a $6.200, y beneficia a 15 mil trabajadores. Los panaderos cerraron el acuerdo en el 23%.

Por su parte, los textiles conducidos por Jorge Lobais, aliado a Moyano, firmaron por el 27%. Los choferes del transporte de pasajeros (la UTA), con Roberto Fernández a la cabeza, arreglaron un porcentaje de aumento del 18%. Por su parte los trabajadores de subtes y premetro, organizados en la AGTSyP, iniciaron medidas de fuerza, exigiendo la apertura de paritarias y su propia participación en las mismas. Reclaman un 28%, pero se encuentran a la espera de que el Gobierno de la Ciudad acaté el compromiso asumido cuando aumentó la tarifa en un 127%, porque la empresa actualmente esgrime que sin resolver esta cuestión no puede acceder al subsidio que el gobierno nacional deposita mensualmente.

La paritaria de los gastronómicos fue suspendida y debía recomenzar a mediados de marzo. Su titular, Luis Barrionuevo, dijo que pedirán un piso de 25%. El 35% de 2011 “se lo llevó la inflación”.

El aumento docente fue decretado por el Gobierno nacional en torno a un 17%, para establecer un mínimo de $2800, y en cada provincia las paritarias giraron en torno a mejorar dicho número. Por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, el aumento fue de 20,8%. Los docentes universitarios también acordaron alrededor de este porcentaje.

La paritaria de la UOM, que representa a 260 mil afiliados, está trabada y el Ministerio de Trabajo pidió conciliación obligatoria. El gremio que preside Antonio Caló pidió cifras cercanas al 23%, pero la patronal puso un piso inicial del 15% aunque luego lo elevó al 18%. La situación de Caló es complicada, no sólo porque el cierre de la paritaria marcará el curso de las próximas negociaciones sino también porque es el candidato del Gobierno, en alianza con el sector menemista de Lescano, para conducir la CGT.

Otro caso paradigmático es el de La Bancaria, con el agravante del retraso que lleva la elevación del piso del Mínimo no Imponible, que el año pasado se había anunciado en un retrasado 20% para el 1 de abril.

En definitiva, en relación a la suba de precios y a los impuestos que recaen sobre los asalariados, el panorama tiende más a un estancamiento o pérdida del poder adquisitivo (según el caso) que a una mejora, luego de años de recuperación salarial (salvo 2009).

El objetivo de llegar al piso del 50-50, por lo tanto, pareciera que tendrá esperar.

Interna CGT

La articulación de un frente opositor anti-moyanista en la CGT intenta avanzar, en línea con las directrices dominantes en el Gobierno y la Unión Industrial Argentina, para fortalecer el ala desarrollista industrial al interior del movimiento nacional, en la conducción del proceso de transformación. El nacionalismo industrial necesita un movimiento obrero disciplinado y subordinado (aunque con cierta fuerza), para impedir que este encabece un proceso de profundización popular que vaya de la inclusión a la Justicia Social. Este camino resulta positivo para los trabajadores con respecto al neoliberalismo que sumió al país en la desocupación y la miseria, pero relega las demandas de los trabajadores a un papel secundario. Para ello, debe impedir o bloquear el pasaje de lo gremial a lo político del movimiento obrero.

No resulta extraño, en este sentido, que los articuladores de dicha jugada al interior de la CGT sean los exponentes de la entrega y la traición en los años ’90 (e incluso desde el golpe neoliberal de 1976), que con la misma lógica priorizaron la obediencia hacia los grandes grupos económicos, sus intereses personales y la supuesta “estabilidad institucional”, frente a los intereses de los trabajadores. Sin ir más lejos, Oscar Lescano (Luz y Fuerza), quien oficia de operador principal del armado, no sólo que poco y nada hizo para detener la privatización SEGBA (la cual quedó dividida en siete empresas), sino que tampoco alzó su voz (que hoy resuena como abanderado del proyecto nacional y popular) para detener el despido de casi 50.000 trabajadores de Luz y Fuerza.

En su gremio se realizó una reunión el 17 de abril pasado para aglutinar al posible frente opositor a Moyano. A su finalización, se firmó un documento de 16 puntos como posicionamiento e intento de plataforma frente a la interna de la CGT, que expresa la abdicación del movimiento obrero organizado a los desafíos políticos y sociales frente a esta nueva etapa del proceso político.

Dicha reunión intenta ser una demostración de fuerzas anclada en la especulación del “poroteo”, del que esparcen mentiras mediante operaciones en los medios de comunicación, porque no pueden argumentar de cara a sus propios afiliados. Sin embargo, no debe olvidarse que la principal fuerza de los trabajadores se mide en la calle, en su capacidad de organización y movilización, en su capacidad por luchar para redistribuir la riqueza y en su claridad de concepción y coherencia con respecto a un proyecto de Justicia Social. Sin ello, el trabajador y el conjunto de los sectores populares no tienen condición alguna para discutir siquiera sus condiciones de vida.

Entre los dirigentes que asistieron y firmaron el documento se encuentran (foto) Armando Cavalieri (Comercio), Andrés Rodríguez (UPCN), Carlos West Ocampo (Sanidad), Oscar Lescano (Luz y Fuerza), Luis Barrionuevo (Gastronómicos), Rodolfo Daer (Alimentación) y Ricardo Pignanelli (SMATA). Sobresalió la presencia del líder metalúrgico Antonio Caló (en la foto se lo puede ver sonriente en el centro de la imagen), quien ya dejó en claro su pretensión de candidatearse al frente de la CGT, para lo cual ya cuenta con el visto bueno de su propio gremio.

El siguiente movimiento de la jugada era dejar sin quórum la reunión del Consejo Directivo de la CGT, que se realizó el 24 de abril. Se pensaba como una estocada central para debilitar a Moyano, que fue acompañada por una fuertísima operación mediática. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, cada vez queda más en evidencia que los medios de comunicación, tanto opositores como oficialistas al Gobierno nacional, hacen todo lo posible para desinformar de manera intencionada todo lo referido a la CGT y las próximas elecciones, con el objetivo de debilitar políticamente al movimiento obrero organizado, aunque con intereses diferentes. En un caso para destruirlo (monopolios opositores) y en otros para subordinarlo (grupos económicos oficialistas) para asegurarse la conducción del proceso. Se han esforzado en decir que el actual Secretario General de la CGT se encuentra debilitado, con su esquema de alianzas cada vez más disminuido y que el sector de “Los Gordos” viene sumando adhesiones. La realidad, una vez más, se ha encargado de demostrar que este escenario no es como lo intentan relatar: en la última reunión del martes 24 de abril de Consejo Directivo para convocar al Comité Central Confederal se consiguió holgadamente el quórum necesario para sesionar, desterrando así las operaciones de prensa que señalaban que Moyano la tenía complicada.

Asimismo, luego de la reunión convocada por “Los Gordos” en la sede del sindicato de Luz y Fuerza conducido por el menemista Oscar Lescano, los medios de comunicación exaltaron la presencia del Secretario General del SUTECBA, Amadeo Genta, un aliado de Hugo Moyano, para justamente reafirmar esta imagen de debilidad y aislamiento del actual líder de la CGT. Fue el mismo Amadeo Genta quien frente a esta operación de prensa se encargó de aclarar los motivos de su presencia y cuál es la posición de su gremio: “Quiero aclarar que asistí a la reunión de Luz y Fuerza invitado y porque no tengo compromisos con nadie. Escucho a todos los sectores, pero nuestro gremio va a apoyar la reelección de Moyano”, aseguró al diario Ámbito Financiero el martes 24 de abril.

Los últimos movimientos de los Gordos evidencian su derrota. Que apelen a vaciar el Congreso intentando deslegitimar la elección y con ello mellar la legitimidad de Hugo Moyano, pone en evidencia lo cerca que se ven de una derrota. Lo peligroso de esto es justamente el debilitamiento del Movimiento Obrero Organizado en el actual contexto en donde los empresarios se ven favorecidos y donde el mundo se encuentra sumergido en una profunda crisis internacional, producto de la cual miles de trabajadores de los países centrales pierden día tras día cada vez más derechos (Gran Bretaña, España, EE.UU, Grecia, etc).

Lucha político-social y lucha político-institucional

Hay un tema central a discutir al interior del campo nacional y popular, especialmente con aquellos que ven la política de arriba hacia abajo y por lo tanto terminan asumiendo posiciones conservadoras en la práctica: la diferencia entre la lucha político-social y la lucha político-institucional.

Quienes tienen poca tradición de lucha, tienden a perder de vista la centralidad de las luchas político-sociales para el desarrollo de la profundización y el fortalecimiento de un proyecto de liberación nacional. Por el contrario intentan encorsetar, controlar y apaciguar las luchas gremiales a los parámetros de la gestión y sus necesidades institucionales. Incluso, boicotean y deslegitiman a los propios dirigentes gremiales-sociales que vertebran el movimiento nacional y expresan las demandas de los sectores populares. Pero la evidencia de que la lucha por una mejor redistribución se da acompañada de la conflictividad gremial, está definida en la práctica por las actitudes de los empresarios que no dudan en proyectar despidos, suspensiones y ajustes; que sólo pueden tener un límite con un sindicalismo representativo junto a los trabajadores. Cuando Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros, dijo en relación al conflicto de los supermercados EKI (donde peligran 2300 puestos de trabajo) “si salimos a la calle nos dicen que somos extorsionadores, y si nos quedamos en el sindicato nos dicen que somos burócratas. Acá lo que nosotros estamos viendo es que hay 2300 familias que se están quedando en la calle”, no hacía más que poner en evidencia la falta de racionalidad de la lógica empresaria que entiende al trabajo sólo como una fuente de rentabilidad y no en su rol social.

Siempre desde las luchas político-sociales -como son las gremiales- se va a intentar avanzar lo más posible, profundizar todo lo que se pueda. Esto provoca necesarias tensiones con lo político-institucional. Pero es a su vez lo que mantiene vivo el movimiento, lo que organiza a las mayorías populares, lo que va dando las batallas culturales para construir práctica política, conciencia nacional y lo que va forjando la fuerza popular que es garantía no sólo de profundización sino de también de sostenimiento, a partir de la práctica política organizada de los sectores más humildes. Nadie en absoluto puede negarle el protagonismo y la racionalidad que tuvo la Confederación General del Trabajo liderada por Hugo Moyano en el proceso abierto el 25 de mayo del 2003. Si se pretende rigidizar y encorsetar al movimiento nacional y a la clase trabajadora, forzando direcciones conservadoras que poco tienen que ver con el proyecto nacional y popular, ello va a producir una crisis inevitable y va a debilitar al movimiento en su conjunto.